Durante largas décadas, y durante los últimos años, muchos han sido los derechos sociales que hemos ido ganando, poco a poco, convirtiendo nuestra sociedad en un entorno mucho más afable, seguro, y justo. Muchos somos los que en un momento determinado de nuestras vidas hemos podido disfrutar de estos derechos sociales: con la pensión de jubilación, el subsidio de paro, con las escuelas públicas, a través de la sanidad, y un largo etcétera.
Sin duda, todos los derechos que hemos ido adquiriendo como sociedad nos ayudan a todos a vivir mucho más tranquilos, pues sabemos que ante adversidades importantes, el Estado nos proporcionará una serie de protecciones.
Creo que nadie puede estar en contra de aumentar esos derechos, cuantos más mejor, pero siempre con una salvedad, en la medida que eso sea sostenible desde un punto de vista económico – financiero.
Sí, si, siempre pensando en las pesetas!!! Pero la vida es así de dura, y lo que es aplicable a una economía familiar (tanto ingreso, tanto gasto), debe ser algo que los Estados deberían empezar a tomar como una línea roja que no deben traspasar. Evidentemente, no estoy sugiriendo que los estados no se puedan endeudar, sino que deberían hacerlo única y exclusivamente para aspectos de inversión, y no para sufragar gastos corrientes como se está haciendo actualmente.
En los últimos años, en que se llegó a acuñar el término de Nueva Economía, en la que se entendía que el traspaso a la economía del conocimiento, y a la globalización, implicaba que se había entrado en un periodo de crecimiento económico prolongado en el tiempo, y sin recesiones, se llegaron a cometer barbaridades desde el punto de vista del equilibrio ingresos-gastos.
Localmente en España, nos pasamos mucho más de frenada, pues a la euforia internacional de crecimiento sostenido y perdurable en el tiempo, se le añadió una característica específica que no es otra que el crecimiento desmesurado del sector inmobiliario.
El resultado ha sido catastrófico en todo el mundo, pero especialmente en España, donde podemos hablar de la existencia de un gran problema estructural en el sector productivo del país, reconducible solo a medio plazo, que viene amenizado por unas administraciones públicas absolutamente ineficientes, y una clase política que recoge a lo peor de cada una de las familias españolas.
En resumen, durante una época nuestros derechos no dejaron de crecer; al final de esa época todos nos creímos que de la misma forma que los precios de los pisos no dejaban de crecer, nuestros derechos sociales tampoco dejarían de hacerlo. Y ahora, de golpe, nos encontramos con La decadencia de nuestros derechos.
